La transición catalana

 Otra polémica abierta: la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la “Declaración de soberanía” del Parlament de Catalunya, que era más que una simple declaración política, pues preveía efectos jurídicos  al declarar expresamente, además de la “política”, la “soberanía jurídica soberana”

Mientras unos dirán que era ‘lo esperado’, alegando que es un tribunal “político”, otros se rasgaran las vestiduras con el argumento de que viene a echar “más leña al fuego” en el debate y los gestos sobre el llamado “proceso catalán” hacia la independencia. Todos tienen parte de razón. En estos momentos, no viene precisamente a calmar los ánimos, pese a ser  una sentencia muy matizada, equilibrada y razonable.

Sin conocer aún, al redactar estas líneas. el texto completo de la sentencia, está dentro de lo que cabía esperar del máximo órgano encargado de interpretar la Constitución, la cual no es un texto solo ni estrictamente jurídico o político. La Constitución es un texto político, consensuado y aprobado democráticamente de forma masiva por los ciudadanos -de manera muy destacada en Catalunya- , con efectos jurídicos, como toda carta magna. Y el Tribunal se mueve en este terreno al ejercer su función interpretativa.

Otra cuestión es la composición de este órgano, muy ligada al juego político de mayorías y minorías en el Congreso y el Senado, de acuerdo con los resultados electorales. Esta circunstancia, ciertamente, puede dar pié a sospechas de poca imparcialidad, pero esto se solventaría modificando la legislación que regula su composición y funcionamiento. Mientras esta modificación no ocurra, sus decisiones forman parte del marco del Estado de derecho que tenemos.

 En el fallo, por un lado, se declara 'inconstitucional y nulo' que Cataluña sea un 'sujeto político y jurídico soberano', como disponía la Declaración del Parlament. Y por otro, considera constitucionales las referencias al 'derecho a decidir' como una aspiración política, siempre que se interprete conforme al marco legal.

Aclara la sentencia que el “derecho a decidir” que se recoge en la declaración impugnada “no consagra un derecho de autodeterminación no reconocido en la Constitución, sino una aspiración política a la que solo puede llegarse mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional”.

Los doce magistrados del TC, por unanimidad, dedican buena parte de su razonamiento a plantear que la Carta Magna no es inamovible, incluido el artículo 2 (que habla de la indisoluble unidad de España), por lo que puede ser reformada. “Este tribunal -dice- ha reconocido que tienen cabida en nuestro ordenamiento constitucional cuantas ideas quieran defenderse y que no existe un núcleo normativo inaccesible a los procedimientos de reforma constitucional”. Y aclara que “la primacía de la Constitución no debe confundirse con una exigencia de adhesión positiva a la norma fundamental, porque en nuestro ordenamiento no tiene cabida un modelo de democracia militante”.

Por tanto, cualquier iniciativa tendente a conseguir el “derecho a decidir” debe plantearse mediante una propuesta de reforma de la Constitución, y el Congreso “deberá entrar a considerar” una propuesta de ese tipo si la hace el Parlamento catalán.

Este es el camino legal que señala el Tribunal para la pretensión  política independentista. Un camino, sin embargo, difícilmente transitable en la práctica, dada la actual correlación de fuerzas políticas. Que el espíritu conciliador de Suárez inspire a todos  una senda de concordia. Él hizo la transición, no la ruptura...

Cinismo político

Este lenguaje hipócrita y cínico, que tanto utilizan muchos políticos, es lo que más desacredita la política. El doble y falso lenguaje. Tanto el heroico como el salvavidas. No es necesario citar nombres -de aquí y de allí-, para no reducir a anécdota la categoría. Además, estos dias están en la mente de todos.

Decir lo que no se piensa es cinismo puro.Proclamar como propio lo que no es más que una consigna de partido, es simple teatro. Defender lo que ya se sabe que no se cumplirá, constituye vil engaño.

El cinismo, la hipocresía y la mentira no son instrumentos  honestos ni válidos para la gobernación. La política -se repite- es el arte de lo posible, y de hacer posible lo que parece imposible. Pero no con artimañas engañosas e impuras. Las conductas y los medios innobles o sucios, enmierdan los objetivos más nobles, los idealismos más legitimos y las ansias de estabilidad más necesarias.

Todo puede defenderse en democracia, pero con  sinceridad y honestamente. No con engaños ni imposiciones, de ‘iure’ o de ‘facto’. No atribuyéndose la representación de todos, cuando sólo se cuenta con la de una parte, devidiendo así a una sociedad plural. Esto contradice el principio democrático de la buena fe y el respeto al otro. El mismo fundamento de la convivencia.

Como en la circulación, la buena convivencia requiere razonables reglas de tráfico a respetar por todos; reglas democráticamente establecidas. Son las leyes justas en su contenido y aprobadas por los auténticos representantes de la sociedad. Solo sin estos requisitos, imprescindibles, y avalados por los órganos judiciales, podría apelarse, ‘in extremis’, a la insumisión pacífica. La rebelión abre las compuertas al caos.

En situaciones de grave tensión, generalmente alentadas por intereses partidarios o posicionamientos temerarios, y en que el apasionamiento suele ofuscar la razón, no se repara en los medios, que se creen justificados por inmovilismos trasnochados, de unos, o por idealismos quiméricos, de otros. Estamos en una de estas situaciones, que casi nadie quiere, pero que demasiados se dejan llevar por la fuerza del viento, quizás de un viento soplado entrebastiadores, con más o menos buena o mala fe, con ánimo redentor de espesas nieblas pero con consecuencias devastadoras.

Por esto es tan importante para la ciudadanía, para el pueblo llano,  detectar bien y a tempo el grado de cinismo, hipocresía o engaño de los discursos políticos, de todo signo, que pretenden perpetuarle inmerecidamente en el inmovilismo o arrastrarle en la aventura de la rebelión. El tráfico político tiene su código legal.     .