En esto hay unanimidad. Entre los partidos, instituciones y ciudadanos. Es, en el fondo, lo que se ha aprobado por consenso en el Parlament. Que lo que aporta la economía catalana al resto del Estado es escesivo.
Por dos razones, principalmente: porque lastra el desarrollo de la propia economía, incluso empobreciéndola, y porque una economía catalana frenada o empobrecida, no puede contribuir a la riqueza global estatal ni actuar, como históricamente, de motor de la misma.
Así, todos salimos perdiendo. Este clamor, por tanto, bien merece ser tenido en cuenta, en época de crisis o sin crisis. Incluso, podria formar parte de su solución.
Esta evidencia de desequilibrio económico, por otra parte, está siendo un potente factor del claro aumento del sentimiento independentista y de su extensión a capas sociales normalmente lejanas del catalanismo radical. Es lo que se llama "independentismo de cartera", que por sentido práctico desborda al puramente "sentimental" o "identitario". El independentismo "del interés"
Los preocupados por el creciemiento del independentismo, sean ciudadanos catalanes o de fuera de Catalunya, deberian sopesar bien este fenómeno de la fuerza determinante del "interés" económico en la decantación política. Atender a aquel clamor contra el "desequilibrio" crónico del flujo fiscal entre lo que aporta Catalunya a las arcas del Estado y lo que le retornan estas en forma de servicios, no solo sería bueno para las economías catalana y española, sino que, además, desinflaria el creciente sentimiento secesionista.
La forma de hacerlo, siendo importante, es secundaria. Por esto la unanimidad básica que sostiene la propuesta del Parlament –bajo el nombre de Pacte Fiscal- se rompe entre los partidos, que tienen puntos de vistas diferentes y presentan fórmulas distintas. No hay unanimidad en la manera.
Encontrar una de satisfectoria y viable, que abordara el fondo (la carga excesiva de la aportación catalana), en una negociación sincera y realista entre el Gobierno de Rajoy y el Govern de Mas, supondria un paso decisivo en los dos contenciosos: el económico y el político, que se superponen peligrosamente.
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