Soberanía de Catalunya

 La declaración de soberanía de Catalunya es muy clara. No juguemos con las palabras. Fue proclamada solemnemente en su Parlament por una amplia (¿insuficiente?) mayoría de votos. Esto son los hechos, lo demás es literatura, política o jurídica,

Lo que se sometió a votación, era esencialmente esto: la soberanía  Es decir, el carácter de “sujeto político y jurídico soberano del pueblo catalán”. Lo del “derecho a decidir” era el anzuelo para pescar adhesiones. ¿A quien no le gusta que se le reconozca su “derecho a decidir” cualquier cosa en la vida ordinaria? Pues en mayor medida, si cabe, en la vida pública. Este anzuelo de los promotores –CiU y ERC- funcionó a medias en el parlamento catalán, pero tiene mucho gancho en la opinión pública, sobretodo si se mezclan sentimientos identitarios e intereses económicos; más, en tiempos de grave crisis.

Por esto, antes de la reunión, en la sesión parlamentaria y después de esta, se ha insistido, y se insiste, sobretodo en “el derecho a decidir”, y no tanto en la proclamación de la soberanía, que comporta en sí misma la declaración anticipada de la independencia. En cambio, “el derecho a decidir” es más amplio, más democrático, pues permite diversas decisiones posteriores; no prejuzga nada en concreto. De aquí el forcejeo, los juegos malabares y los cambios en la redacción -poco afortunada- del texto a votar.

En este anzuelo no quiso picar el Partido Socialista de Catalunya, PSC, pese a importantes discrepancias internas del partido, como se manifestó con las cinco clamorosas abstenciones, tan aprovechadas por sus adversarios. Por encima de la hábil argumentación empleada, por el president Mas y las más rotundas expresiones de su socio republicano, Junqueras, estaba muy claro en el texto lo que se votaba: “la Declaración de soberanía  y el derecho a decidir del pueblo de Cataluña”. Aunque, en realidad, “el derecho a decidir” -en el que estratégicamente se pone el acento- ya va implícito en la “declaración de soberanía”. Un pueblo soberano tiene, lógicamente, el derecho a decidir lo que quiera.

El PSC, de Pere Navarro, está a favor del “derecho a decidir” porque esto permite decidir entre distintas opciones. Y ya ha anunciado repetidamente que, en su caso, se pronunciaría por el “no” a la independencia. No es una formación política independentista, pero sí catalanista, a diferencia del Ciutadans y el PPC, que son catalanes autonomistas. Pretender alinearlos, como maliciosamente se hace, no es correcto; es una forma de presionarlo.

Esta “Declaración de soberanía” podrá no tener efectos jurídicos, como ha declarado, por parte del Gobierno, el ministro Margallo. Por ahora, al menos. Pero es evidente que tendrá efectos políticos claros. Los “efectos jurídicos” podrán venir después, a largo plazo. Busca su fundamento en el llamado “principio democrático” de los pueblos y naciones a pronunciarse y escoger, si pueden, su posición própia en el mapa político general. Y sus consiguen el suficiente reconocimiento político internacional, sus pronunciamientos pueden llegar a tener “efectos jurídicos”.

Esta es la vía, arriesgada, que ha elegido, en su “proceso”, el soberanismo catalán. Choca frontalmente, es cierto, con las vías “constitucionalistas”, o de respeto del marco legal vigente en el Estado democrático surgido de una Transición pactada (también con los nacionalistas) y plasmada en una Constitución refrendada muy masivamente (un 80 por ciento en Catalunya)

por el pueblo. Una Constitución nacida, es cierto, en unas determinadas circunstancias muy condicionantes y superada por los cambios en una sociedad que ya no es igual a la que la alumbró. Aquí está el “qüid” de la cuestión.

Se busca definitivamente -sin precipitaciones peligrosas- una reforma o adecuación del texto constitucional a las nuevas circunstancias, en aquellas demandas verdaderamente relevantes y justificadas, o por el contrario petrificamos el “marco legal” vigente y vemos como estas demandas empiezan a abrirse vías al margen de la legalidad, intentando -con más o menos razón- encontrar un -a su juicio- mejor acomodo. Es la disyuntiva que se plantea.

Estas son las dos vías o caminos para una pacífica convivencia. Otra vez, ante el dilema: reforma o ruptura. Como se hizo, con generosidad y altura de miras, en la Transición política, también ahora, en el diálogo sincero y honesto y en una visión de interés general y no partidaria, habría que encontrase la solución de compromiso.