Los
únicos creibles son los que piden la independencia y los que se oponen a ella. Los
demás son malabaristas de las palabras. Los angañabobos.
Los
favorables a la independencia de Catalunya y los sontrarios a ella, juegan
limpio. Dicen las cosas por su nombre. Los otros juegan con la gente. Dicen lo
que no piensan o piensan lo que no dicen.
Y
así, el circo continúa. Prensa, radio y televisión no hablan de otra cosa. Y la
opinión pública anda más confusa y perdida que nunca. Los que debieran
orientarla, no hacen más que distraerla de los problemas reales y confundirla.
Les
hablan del "derecho a decidir", del "derecho a votar" , del
"necesario referéndum", de la "ineludible consulta", pero
no saben, ni se ponen de acuerdo, sobre
qué "decidir", "votar", "referendar" o
"consultar". Solo lo tienen claro, según parece, los independentistas
y los antiindependentistas."
Lo
de "decidir", "votar", "referéndum" y
"consulta" nació del deseo y voluntad de independencia. Por esto los defensores y detractores lo
tienen claro. Los demás se han subido al carro de esta movida, por oportunismo,
a golpe de manifestaciones multitudinarias y ambiguas, que han visto como una
marea que se lo lleva todo por delante.
Llagado
el momento de concretar, todo son discrepáncias, palabras vacías o de doble o
múltiple sentido. No saben como compaginar deseo con oportunismo, Ilusionismo
con realismo. Posibilidad real con virtual. Estamos en democrácia -más o menos
imperfecta o inacabada- , pero en un sistema democrático de derecho que costó
muchísimo consegir, y que habrá que perfeccionar y acomodar a los cambios
sociales. Pero no se puede echar por la borda.
Invocar
legitimidades es lícito y razonable. Pero hay muchas legitimidades. El marco constitucional
debe incluir el máximo número posible de ellas, pues todas son respetables.
Pero en un estado democrático de derecho, la primera legitimidad es la
establecida por la voluntad popular de forma legal y democrática. Hay que
tenerla en cuenta, aunque sea para
modificarla o cambiarla en su formulación político-juridica.
De
aquí el enrevesado problema de formular la "pregunta" para la famosa
"consulta".
Si la consulta -sobre
la opinión, deseo o voluntad- se plantea entre independència o no independencia,
el simple hecho de formular esta disyuntiva, es decir, de considerar la
independencia como una posibilidad real, ¿no supone admitir de hecho el
carácter soberano del pueblo catalán, como ya se proclamó en la Declaración del Parlament,
recurrida precisamente ante el Constitucional?
Una pregunta así,
difícilmente podría no ser también recurrida, pues admite, implícitamente, la
hipótesis de la secesión de Catalunya, contraria a la letra y al espíritu de la
Constitución, que -guste o no- consagra como indiscutible la "unidad"
y "soberania" nacional de España.
Por tanto, mientras
no se reforme la vigente Constitución este tipo de pregunta no podrá prosperar,
ni por el artículo 92 ni por el 150.2, ni ninguno, por mucho que se venda como
viable. Y seguramente tampoco, gobierne quien gobierne, en el caso de una
hipotética modificación del texto constitucional, ya que este punto de la
"unidad y la soberania"
siempre será considerado esencial. Contra esta postura, no cabria más
que la incierta rebelión. ¿Quién la quiere?
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