El valor de un manifiesto suele estar en las
personalidades que lo suscriben. De aquí el interés de sus promotores -de todos los manifiestos- en que lo firmen muchos y en que sean
socialmente relevantes. Pero su valor también puede estar en lo que el
manifiesto dice y en su oportunidad.
El Manifiesto por el Federalismo y el Consenso, que
acaba de aparecer suscrito por centenares de intelectuales (en sentido amplio)
con la intención de frenar la ola de independentismo catalán, fuertemente
promovido y liderado por el presidente Mas y parte de CiU, contiene, entre
otras cosas más tópicas y retóricas que exactas, algunas afirmaciones de
especial interés.
Por ejemplo, que “en Catalunya existe un profundo
sentimiento nacional, que debe ser reconocido e integrado de nuevo en el seno de las instituciones
compartidas”, Y que “si ese sentimiento de forma mayoritaria se manifestara
contrario de modo irreducible y permanente al mantenimiento de las
instituciones que entre todos nos dimos, la convicción democrática nos
obligaría al resto de los españoles a tomarlo en consideración para encontrar
una solución apropiada y respetuosa”. Y que “un mejor encaje de Catalunya” lo
proporcionaría “una federalización del Estado”.
No seria razonable, ni desde Catalunya ni desde el
resto de España, minusvalorar la aportación de este documento, por más que se
considere tardío, trufado de afirmaciones vacías y como tabla de salvación
cuando el agua llega ya al cuello. Pese a todo, significa el reconocimiento de
una realidad y una apertura al diálogo para una actualización del marco legal.
La afirmación del presidente Mas de que la
aspiración democrática del soberanismo catalán “no la pararán ni tribunales ni
constituciones”, está fuera de lugar en boca del presidente de una autonomía,
ya que prometió acatar la Constitución, gracias a la cual ostenta este cargo y
que, además, es el representante ordinario del Estado en Catalunya. Y, además,
si vuelve salir elegido, no podrá tomar posesión si no promete y acata la
normativa constitucional y estatutaria vigente.
No en vano esta radicalización ha podido
interpretarse como una inadmisible “insumisión” al Estado de Derecho, e
incluso, como la amenaza de “un golpe de Estado civil”. Es posible, incluso,
que esta actitud le perjudique de cara al electorado más sensato, que es el
mayoritario. No merece mucho crédito, cara el futuro, quien empieza situándose
al margen, o en contra, de la legalidad de un Estado democrático.
De alguna manera, en su descargo, podría acudirse a
la consideración, generalizada y resumida por un reputado tratadista, cuando
afirma que “si bien en un régimen democrático la sociedad debe apegarse al
ordenamiento jurídico vigente, la legalidad también implica que tal
ordenamiento pueda ser modificado a través de procedimientos legales
previamente establecidos para adecuarlo a las transformaciones de la propia
sociedad”.
Pero descargo solo en parte, pues si
bien nuestra Constitución ya prevé mecanismos para su modificación, también es
cierto que estos mecanismos son muy rígidos y restrictivos; prácticamente
impracticables para un posible caso de legítimo deseo de secesión -con las
garantías democráticas necesarias- de alguno de los pueblos que integran
actualmente el conjunto estatal.
De aquí la oportunidad del Manifiesto
para el Federalismo y el Consenso, firmado por centenares de intelectuales de
toda la geografía española. Abre una puerta transitable, por la vía del
diálogo, a una razonable modificación constitucional, fuera de radicalizaciones
y actitudes de rebeldía o de insumisión que históricamente han sembrado de tragedia nuestro país. Vayamos
todos por la senda democrática y constitucional...
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