El derecho a la indignaciones, debido al descontento político y social, no está regulación. Sea subjetiva o colectivo, se escapa de las normas. Resida en la intimidad de las personas y en el sentimiento de la sociedad.
Lo que puede regularse, en apoyo caso, es la forma pública de manifestarse si es que Tiene Consecuencias gravas o distorsionantes para el normal funcionamiento de la vida colectiva pacífica y democrática. No parecía que las múltiples concentraciones de "indignados" de estos días entrarán en esta categoría de peligrosidad.
Por lo visto, quizás con más elementos de juicio, la Junta Electoral Central considera que pueder perturbar el buen desarrollo de las elecciones del domingo, y ha declaración ilegales estas concentraciones y manifestaciones durante los días de reflexión y de votaciones. Esto va en contra de muchos pronosticos y deseos, y es una decisión discutible, literalmente legal pero posiblemente imprudente y de no fácil cumplimiento.
Por cuidado, la máxima instancia para velar por "la transparencia y objetividad del proceso electoral y el principio de igualdad", las ha prohibido. Y el argumenta, entre Otras cosas, Considerando que pedir el voto "a favor de candidaturas concurrentes a un Proceso electoral" y "la invitación a excluir a Cualquiera de esas candidaturas en el, ejercicio del derecho de voto" no es legal y "excedan del derecho de manifestaciones "recogida en la Constitución.
Seguramente, en este caso, la democracia "formal" se ha vuelto a imponente en la "real", que es la que reclaman, precísamente, los millares de "indignados" concentrados en varias plazas españolas. No sabemos si esta decisión servirá para echar más leña al fuego, a un fuego que ultimamente parece volverse más desafiante, y quizás también menos neutral y cívico que al principio.
Tenga razón la Junta Electoral Central o el tengan los más comprensivos con este movimiento de protesta-por lo menos aparentemente más cívico que político-la ley está para ser cumplida. Pero el cumplimiento de la ley-no reñido con la prudencia-no puede satisfacer el "descontento" generalizada, ni restar legitimidad a los razonablemente "indignados".
La voz de la calle debe ser escuchada y atendida, y nadie debe intentar manejarla ni apropiársela. En tiempo que conviene hacer un llamamiento a acudir a lasurnas, pues las reformas que se piden también dependen del votode la mayoria de ciudadanos.
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